A finales de 2025, la industria del transporte estadounidense se enfrentó a un endurecimiento drástico del control sobre los conductores con las llamadas licencias de conducir comerciales no domiciliadas (non-domiciled CDL). Se trata de conductores que trabajan legalmente en EE.UU., pero no tienen un lugar de residencia permanente...
La situación rápidamente superó el ámbito de la discusión regulatoria y se convirtió en una combinación de redadas federales, litigios y congelación de licencias a nivel estatal.
Históricamente, la CDL no domiciliada permitía a ciudadanos extranjeros con permiso de trabajo en EE.UU. realizar exámenes y operar legalmente vehículos comerciales. Sin embargo, los reguladores federales declararon que varios estados violaban sistemáticamente los requisitos para verificar el estatus de dichos conductores.
Según los medios de la industria, las diferencias en las prácticas estatales fueron la causa de la revisión masiva de las reglas.
El 29 de septiembre de 2025, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) emitió una regla final provisional que restringía drásticamente el número de personas elegibles para obtener o renovar una CDL no domiciliada. El documento indicaba que las licencias solo debían emitirse a conductores con ciertas categorías de visa, y la vigencia de la CDL no podía exceder el período de estancia legal en el país.
En el comunicado oficial de la FMCSA se enfatizaba que el objetivo de la medida era «restaurar la integridad del sistema de emisión de CDL y eliminar los riesgos para la seguridad vial». La declaración correspondiente del organismo fue publicada en septiembre de 2025 en el sitio web oficial de la FMCSA: FMCSA Interim Final Rule on Non-Domiciled CDLs.
Ya en noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia suspendió temporalmente la aplicación de esta regla hasta que se complete la revisión judicial. Formalmente, esto significa que la regla no se aplica en su totalidad, pero los expertos destacan que las auditorías y verificaciones estatales continúan, y la incertidumbre legal persiste.
Paralelamente a las medidas regulatorias de la FMCSA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) inició una serie de operaciones conjuntas con la policía de carreteras de los estados. Durante las verificaciones, se prestó atención tanto al estatus migratorio como al cumplimiento de las licencias de conducir con los requisitos federales.
Según informó la publicación de la industria Land Line Media, a finales de 2025, tales operaciones se llevaron a cabo, en particular, en Texas, Wyoming y Oklahoma. En la publicación se señalaba que algunos conductores fueron suspendidos debido a problemas con los documentos o incumplimiento de los requisitos de la CDL: ICE continues to freeze out drivers with non-domiciled CDLs.
Según estimaciones de analistas, podrían verse afectados decenas, o incluso cientos de miles de conductores cuyas licencias deben renovarse en los próximos años. Representantes de transportistas advierten sobre el riesgo de escasez de personal y el aumento de la carga administrativa.
La revista FreightWaves, en un análisis de finales de septiembre de 2025, citaba a representantes de la comunidad de transporte que calificaban la situación como «uno de los choques regulatorios más serios para el mercado laboral de conductores de camiones en los últimos años»: FMCSA issues emergency rule restricting non-domiciled CDLs.
A corto plazo, la industria tendrá que vivir en condiciones de incertidumbre:
- los conductores con CDL no domiciliada deben prestar atención a las fechas de vencimiento de sus documentos y a los cambios en los requisitos;
- los transportistas deben intensificar las verificaciones internas y prepararse para posibles pérdidas de personal;
- todos los participantes del mercado deben considerar que la decisión judicial podría devolver la regla de la FMCSA o forzar a los reguladores a reescribirla.
Una cosa está clara ya: el tema de las CDL no domiciliadas ha dejado de ser un detalle técnico y se ha convertido en un factor políticamente y económicamente significativo para toda la industria de transporte comercial en EE.UU.