Un grupo de republicanos en el Senado presentó el proyecto de ley Dalilah’s Law Act, que introduce consecuencias penales, civiles e inmigratorias adicionales para los titulares de licencias de conducir comerciales (CDL) que se encuentran ilegalmente en el país. En la iniciativa presentada, dicho conductor se denomina «covered alien» y está sujeto a un conjunto separado de sanciones por usar o presentar un CDL al trabajar en transporte interestatal. Los detalles del proyecto de ley se exponen en la publicación sobre la introducción de la Ley Dalilah en el Senado, donde el elemento clave se denomina como un intento de endurecer la responsabilidad no solo para los conductores, sino también para los estados, funcionarios y empresas que, según los autores, ayudan a eludir las verificaciones al emitir CDL (Dalilah’s Law Act).
Los senadores posicionan el documento como una reacción a la preocupación de que se permita conducir camiones pesados a conductores sin la debida verificación de estatus y calificación. En el texto del material se menciona que se trata de camiones de «80,000 libras» —este argumento es utilizado por los autores para justificar un enfoque más estricto en el acceso a la profesión y las sanciones por infracciones. El proyecto de ley, tal como se describe, convierte el mero hecho de usar o presentar un CDL por un «covered alien» en actividades interestatales en un delito federal separado. Un bloque separado son las penas mínimas obligatorias que deben aplicarse si un accidente ocurre por culpa de dicho conductor; la escala está vinculada a la gravedad de las consecuencias.
La norma más resonante en la exposición de la iniciativa es la creación de un nuevo agravante para la aplicación de la pena de muerte en casos donde un «covered alien», utilizando un CDL, sea responsable de un accidente fatal. Esto no es un delito independiente, sino un «amplificador» legal de la pena en el marco de delitos graves, y claramente está diseñado para los escenarios más estrictos de investigación y acusación. Al mismo tiempo, el proyecto de ley incluye normas que trasladan una serie de condenas a la categoría de «aggravated felony» para fines de derecho migratorio, lo que, como se describe en el material, incluye automáticamente detención obligatoria, deportabilidad y pérdida del derecho a asilo.
Una parte separada de la Ley Dalilah está dirigida a los procedimientos de emisión de CDL a nivel estatal y al control de cómo los estados confirman el derecho del solicitante a trabajar. En la exposición del documento se habla de la exigencia a los solicitantes de proporcionar una confirmación escrita de que la verificación del derecho a trabajar se ha realizado a través de E-Verify o un mecanismo equivalente en el estado. Se propone otorgar al Departamento de Transporte (DOT) la autoridad para solicitar a los estados documentos que confirmen el cumplimiento de estos requisitos, y a los estados la obligación de mantener registros correspondientes y proporcionarlos a solicitud. Este diseño, según los autores, hace verificables no solo las acciones de un DMV específico, sino también la cadena de confirmaciones sobre la cual se emitió la licencia.
El proyecto de ley también establece responsabilidad personal para los funcionarios estatales. En la descripción de la iniciativa se menciona la creación de un nuevo delito penal para los funcionarios que no utilizan (o instruyen no utilizar) E-Verify o una herramienta similar antes de emitir un CDL. Este es un nivel raro para iniciativas de transporte de «apuntar» a funcionarios específicos, y no solo a agencias y procedimientos. Paralelamente, se introducen multas civiles para las empresas que brindan «asistencia sustancial» a un «covered alien» en la obtención de un CDL, —la formulación, según la exposición, está diseñada para intermediarios y cualquier estructura que acompañe la tramitación de documentos.
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Otro bloque es la ampliación de las posibilidades para demandas judiciales. El proyecto de ley prevé la aparición de nuevos fundamentos para demandas privadas por parte de las víctimas de accidentes de tráfico si al volante estaba un «covered alien» utilizando un CDL. Además, según la descripción, se introducen mecanismos de presión sobre el DOT y los estados a través de los tribunales: a los «estados perjudicados» se les otorga el derecho a solicitar una orden judicial (injunction) para obligar al secretario de transporte a solicitar documentación a los estados sospechosos de no cumplir con los requisitos. Adicionalmente, se propone otorgar al Fiscal General (a través del DOJ) el derecho a iniciar demandas civiles separadas contra los estados que no exigen E-Verify o su equivalente antes de emitir un CDL.
Los autores de la iniciativa vincularon el proyecto de ley a un accidente resonante de 2024, en el que resultó herida una niña llamada Dalilah (Dalilah Coleman). En el material dedicado a la Ley Dalilah, se menciona que el proyecto de ley lleva el nombre de este caso; también se afirma que el participante en ese accidente fue un ciudadano de India, Partep Singh, y que supuestamente se le emitió un CDL en California. Esta especificación es importante porque es a nivel estatal donde la emisión y administración de CDL a menudo se convierte en un tema de discusiones políticas —y en este caso, los autores del proyecto de ley, según se desprende de la descripción, intentan «coser» legalmente el control federal en aquellos puntos donde anteriormente predominaba la regulación a través de estándares y cumplimiento de requisitos, y no a través de sanciones directas a los estados y funcionarios.
En la descripción de la Ley Dalilah también se señala un contorno de reporte separado: se ordena al Fiscal General preparar un informe dentro de 180 días sobre los accidentes causados por «covered aliens» al utilizar un CDL, y sobre los estados que emitieron CDL a tales personas. Para el mercado, esto puede convertirse en una fuente de datos formalizados, pero el proyecto de ley en sí, como se expone en el material, no contiene cifras sobre la escala actual del problema —el enfoque se centra en el mecanismo de recopilación de información después de la posible aprobación de la ley.
Políticamente, la iniciativa se presenta como una respuesta a los argumentos del presidente Donald Trump, quien, según los senadores, en su discurso sobre el estado de la nación instó al Congreso a tomar medidas tras los informes de accidentes con conductores «no calificados» con CDL. En el material también se enumeran los senadores que presentaron el documento: John Cornyn, Ted Budd, Shelley Moore Capito, Cynthia Lummis y Tommy Tuberville. En el momento de la descripción de la iniciativa, se trata de la introducción del proyecto de ley; no hay información sobre el paso por comités, votaciones o formulaciones acordadas con la Cámara de Representantes en la fuente proporcionada.
Al mismo tiempo, en la agenda especializada alrededor de la «Ley Dalilah» circulan simultáneamente otras versiones de iniciativas similares, lo que crea confusión en los detalles —desde la lista de patrocinadores hasta el conjunto de normas. En particular, en varias publicaciones y comunicados de prensa sobre proyectos cercanos, se hace hincapié en la prohibición de emitir CDL a personas sin estatus legal, requisitos de idioma inglés y un mayor control sobre las escuelas y proveedores de capacitación, pero sin menciones del «factor agravante de la pena de muerte» y sin el conjunto de consecuencias migratorias de nivel «aggravated felony» descrito en la Ley Dalilah. En el material sobre la introducción de la Ley Dalilah, este punto, por el contrario, se destaca en la parte central de la descripción y se presenta como un endurecimiento clave en comparación con la práctica penal habitual en accidentes de tráfico.
Si el proyecto de ley se considera más adelante, sus elementos más aplicables para las empresas y abogados de seguros se encuentran en el ámbito de la ampliación de los fundamentos para demandas civiles y la fijación de nuevos delitos federales en torno al uso de CDL en presencia ilegal. Para los estados y sus DMV, el enfoque principal es la documentación de verificaciones y la responsabilidad potencial de los funcionarios, y para el DOT y el DOJ, nuevos poderes para solicitudes, informes y coerción judicial para cumplir con los procedimientos descritos en el texto de la Ley Dalilah (Dalilah’s Law Act).
