Durante un discurso al Congreso el 24 de febrero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, instó públicamente a los legisladores a aprobar una ley federal que prohíba a los estados emitir licencias de conducir comerciales (CDL) a personas en el país ilegalmente. Propuso la iniciativa como una ley separada llamada «Ley Dalilah», en honor a la niña Dalilah Coleman, cuya historia se utilizó como justificación emocional para endurecer las reglas de acceso a la conducción de camiones pesados.
Al día siguiente, el 25 de febrero, el senador Jim Banks (republicano, Indiana) presentó en el Senado un proyecto de ley que amplía la idea del presidente y la convierte en un conjunto de condiciones federales para los estados. El mecanismo clave de presión es vincular el cumplimiento de los nuevos requisitos con la financiación del Departamento de Transporte de EE.UU. (USDOT). Desde el punto de vista de la industria, este es un detalle importante: en lugar de una «intervención federal» directa sobre las competencias del DMV, el proyecto de ley ofrece una palanca financiera capaz de alinear rápidamente las reglas en diferentes jurisdicciones y al mismo tiempo provocar resistencia a nivel estatal.
En la presentación de la iniciativa, tras la introducción del proyecto en el Senado, la «Ley Dalilah» establece un «filtro» federal para la emisión y mantenimiento de CDL. En esencia, se trata de dos vías paralelas: quién puede obtener una CDL y qué hacer con las licencias ya emitidas a ciertas categorías de titulares.
Trump nombró la iniciativa en honor a Dalilah Coleman, una niña que resultó herida en un accidente con un camión. Según la descripción, el accidente ocurrió en junio de 2024: un semirremolque conducido por el conductor de 20 años Partap Singh chocó contra un automóvil detenido en el que se encontraba Dalilah. La niña sufrió una grave lesión en la cabeza y, según se informa, estuvo en coma durante tres meses. Posteriormente sobrevivió y ahora asiste al primer grado; en el discurso al Congreso estuvo presente junto a su padre.
En los materiales alrededor de la iniciativa también se menciona que Singh fue deportado a India en septiembre de 2025. Este detalle es utilizado por los partidarios del proyecto de ley como confirmación de la necesidad de «cerrar las lagunas» en el acceso a CDL y fortalecer la verificación del estatus.
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Para el mercado de transporte de carga, casos como estos siempre tienen dos capas. La primera es la tragedia y la presión pública que exige una respuesta simple y contundente. La segunda es la cuestión de qué elementos de la cadena permitieron al conductor realizar el viaje: estatus migratorio, calidad de la formación, verificación de la calificación, cultura de seguridad del transportista, control por parte del regulador, autorizaciones médicas, cumplimiento de los tiempos de trabajo y descanso. La «Ley Dalilah» se centra principalmente en el estatus y el idioma de los exámenes, es decir, en la barrera de entrada a la licencia, no en la supervisión posterior del transportista y el conductor.
La iniciativa recibió apoyo de la OOIDA (Asociación de Conductores Independientes). La organización tradicionalmente adopta una posición firme sobre la estandarización de los requisitos de formación, verificaciones y cumplimiento de normas, y aquí hace hincapié en que requisitos más estrictos y uniformes para la emisión de CDL y la competencia lingüística, en su opinión, aumentan la seguridad y reducen el campo para abusos.
