En EE.UU. se está desatando un notable conflicto legal en torno a los nuevos requisitos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), relacionados con los llamados CDL no domiciliados. Varias organizaciones profesionales y de derechos civiles han presentado una demanda, alegando que el regulador excedió sus competencias y puso en peligro el trabajo de miles de conductores.
En septiembre de 2025, la FMCSA anunció la implementación de una regla de emergencia temporal que endurece el proceso de emisión de CDL para conductores que no tienen residencia permanente en EE.UU. El regulador declaró que la medida es necesaria para mejorar la seguridad vial y eliminar las «violaciones sistémicas» a nivel de estados individuales.
En una declaración oficial, la FMCSA enfatizó que se trata de proteger la seguridad pública:
«Nuestra obligación es asegurar que solo los conductores que cumplen con todos los requisitos federales de seguridad estén al volante de vehículos comerciales», declararon en la agencia.
Esta posición se detalla en el comunicado de prensa de la FMCSA en el sitio oficial de la agencia: declaración de la FMCSA sobre medidas de emergencia para CDL no domiciliados.
Los demandantes afirman que la FMCSA utilizó el mecanismo de «regla de emergencia» sin fundamentos suficientes, eludiendo de hecho el procedimiento estándar de consulta pública. Según ellos, los nuevos requisitos podrían llevar a la pérdida masiva de empleos para conductores que anteriormente obtuvieron legalmente su CDL en estados como California.
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Como señala la publicación de la industria The Trucker, la demanda se dirige contra la lógica misma de urgencia y alcance de los cambios, así como contra la falta de un período de transición para los conductores actuales: artículo de The Trucker sobre la demanda contra la FMCSA.
La situación se ha manifestado con mayor intensidad en California, donde decenas de miles de licencias comerciales están en riesgo. Tras la presentación de demandas en nombre de los conductores, las autoridades estatales suspendieron temporalmente la revocación de algunas CDL. Esto, a su vez, provocó una fuerte reacción del gobierno federal, incluidas amenazas de sanciones financieras.
La agencia Associated Press cita a representantes estatales y federales, destacando que el conflicto ha trascendido la mera regulación del transporte y ha tocado temas de política migratoria y derechos de los estados: reporte de AP News sobre el conflicto en torno a CDL en California.
Por el momento, la aplicación de la controvertida regla está suspendida por el tribunal hasta que finalice el litigio. Esto significa que los estados continúan operando temporalmente bajo los procedimientos antiguos, aunque la incertidumbre persiste. El resultado del caso podría afectar no solo a miles de conductores, sino también al equilibrio de poderes entre las agencias federales y los estados.
Para la industria del transporte de carga, esto es otra señal de cuán estrechamente están entrelazados hoy en día los temas de seguridad, inmigración y economía, y de cuán rápidamente los cambios regulatorios pueden alterar las reglas del juego.
