El Departamento de Transporte de EE.UU. (USDOT) en noviembre de 2025 advirtió oficialmente a las autoridades del estado de Pensilvania sobre la posible suspensión de aproximadamente 75 millones de dólares de financiamiento federal debido a violaciones en la emisión de licencias de conducir comerciales no domiciliadas (Non-Domiciled CDL). La razón fue la conclusión de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), que encontró que el programa CDL no cumplía con los requisitos federales.
Según el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, las acciones del estado "socavan la integridad del sistema federal de licencias de conductores comerciales y crean riesgos para la seguridad vial". La declaración fue publicada el 20 de noviembre de 2025 en un comunicado oficial del departamento (transportation.gov).
Según el aviso preliminar de incumplimiento de la FMCSA, la auditoría mostró que en Pensilvania:
- se emitían CDL no domiciliados con un período de validez que excedía el período de estancia legal del conductor en EE.UU.;
- las licencias se emitían sin la debida verificación del estatus migratorio, como lo exigen las normas federales;
- el control del cumplimiento de los estándares federales se realizaba a nivel estatal de forma formal, no sustancial.
La FMCSA exigió la suspensión inmediata de la emisión, renovación y reemplazo de CDL no domiciliados y permisos de aprendizaje comerciales (CLP), realizar una auditoría interna y anular todas las licencias emitidas con violaciones. El documento subraya que, en caso de incumplimiento de los requisitos, el estado podría perder tanto el financiamiento federal como la certificación de su programa CDL (fmcsa.dot.gov).
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Las autoridades federales prestaron especial atención al caso del conductor de camión de Uzbekistán, Akhror Bozorov, quien, según la investigación, estaba siendo buscado en su país por vínculos con una organización extremista, pero aun así pudo obtener una licencia de conducir comercial en Pensilvania. El USDOT declaró que este caso "demuestra claramente las fallas en el sistema de control" identificadas durante la revisión.
La prensa de la industria señala que este episodio fue uno de los factores que aceleraron la dura reacción del gobierno federal (overdriveonline.com).
Las autoridades de Pensilvania rechazan las acusaciones de violaciones graves. Los representantes del estado afirmaron que al emitir CDL utilizaron el sistema federal DHS SAVE para verificar el estatus legal de los solicitantes y que en el momento de la emisión de las licencias no se identificaron incumplimientos formales. Sin embargo, la FMCSA insiste en que la responsabilidad de cumplir completamente con los requisitos federales recae en el estado, independientemente de las herramientas de verificación utilizadas.
El conflicto entre el USDOT y Pensilvania se enmarca en una tendencia más amplia de endurecimiento del control federal sobre los CDL no domiciliados. Para el mercado de transporte de carga, esto significa:
- posible anulación de licencias ya emitidas;
- riesgos de interrupciones de personal para los transportistas;
- aumento de la incertidumbre legal para conductores extranjeros y centros de formación.
La situación muestra que la cuestión de los CDL no domiciliados ha dejado de ser meramente administrativa y se ha convertido en una herramienta de política federal, donde están en juego la seguridad, los requisitos migratorios y millones de dólares en financiamiento de transporte.
